Cuando la senadora estatal María Elena Durazo presentó un proyecto de ley en marzo para reforzar la Ley de Protección de Inquilinos de California, pidió que se redujera el tope de los aumentos de alquiler al 5%, mientras se cerraban las lagunas que los propietarios usan para desalojar a los inquilinos cuando no hay una “causa justa”.

Cuando su proyecto de ley de “prevención de la falta de vivienda” pasó al pleno del Senado el 31 de mayo, las negociaciones y el compromiso lo habían diluido. La disposición de tope de alquiler se eliminó y varias otras disposiciones se redujeron significativamente. 

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